Continúa el maltrato de la Consejería a la Educación Pública de la provincia de Sevilla

USTEA-Sevilla denuncia la supresión de clases en los centros públicos para favorecer el trasvase de alumnado a la concertada. Estos recortes van desde Infantil a Bachillerato y FP

La recién publicada Resolución de la Dirección General de Planificación del 11 de junio se mantiene en la línea de recortes de los últimos años en Andalucía. El gobierno de la Junta y su Consejería de Educación continúan haciendo caso omiso a los principios educativos recogidos en la legislación vigente, donde viene recogida  la necesidad de  garantizar la oferta suficiente de plazas en los centros públicos.

Para el gobierno de la Junta, la concertada es intocable en Infantil y Primaria. Así, el Colegio Santa Ana de Los Remedios, en Sevilla capital, es el único concertado que realmente pierde una línea en toda la provincia. El colegio de la Salle de San Luis, en el Casco Histórico, pierde una línea de 3 años, pero a cambio, como denunciamos desde USTEA, se le ha concedido a esta entidad, con dudosa legalidad, otra clase en el colegio que tiene en la Macarena. En esta misma zona, que cuenta con una oferta de plazas públicas suficiente para cubrir la demanda de las familias, al CEIP Teodosio le han suprimido una línea y ya sólo conserva una clase de Infantil de 3 años, a pesar de haber recibido 40 solicitudes.

Estos beneficios a la concertada religiosa van a más. Mientras a la Educación Pública se le suprimen clases, antes de la reubicación del alumnado tras la primera adjudicación de la escolarización, a la concertada se le permite esperar para recoger ese “trasvase” de niños y niñas que no obtienen plaza en su primera opción e incluso, acoger alumnado fuera de plazo. Esto ha ocurrido en el Colegio Concertado San Juan Bosco, mientras que, en cursos anteriores, a los públicos Vara del Rey y José María del Campo de Triana se les suprimieron aulas antes de la reubicación en su zona.

El recorte de clases en los centros públicos se produce mientras se imponen aulas con ratios ilegales. En muchos centros concertados la ratio está bajando porque, con financiación pública, se les permite mantener más clases por nivel, a pesar del bajo número de solicitudes. En cambio, la Educación Pública soporta ratios de más de 25, por encima del tope máximo permitido por la ley, debido a la negativa a ampliar el número de aulas, lo que ha sido denunciado por USTEA en los tribunales. Algunos ejemplos de centros públicos con ratios ilegales son el CEIP Fernando Villalón de Morón, el Federico García Lorca y el Cervantes de Dos Hermanas, el Josefa Navarro de Coria del Río y colegios de diversos barrios de la capital: CEIP Jorge Juan, CEIP Antonio de Ulloa, CEIP Juan XXIII o CEIP Juan de la Cueva.

Respecto al Bachillerato, la legislación establece que el concierto de estas enseñanzas tendrá un carácter singular y no ordinario. Sin embargo, la Consejería sigue “regalando“ líneas de Bachillerato a la concertada, como en el caso de las Salesianos de Nervión, zona en la que existen plazas públicas suficientes. Al mismo tiempo la administración educativa fuerza a las familias a matricular en centros privados, con prácticas como las que USTEA ha denunciado en Triana, donde la Consejería no ha permitido al IES Vicente Aleixandre ofertar ninguna plaza de Bachillerato, empujando a las familias hacia los centros privados de la zona. La extensión de los conciertos a Bachillerato es un compromiso de Moreno Bonillo con la patronal de la enseñanza privada y la ultraderecha, por lo que, en los próximos años y si  no lo impedimos, seguirá ampliándose esta tendencia.

En la misma línea, la administración educativa continúa concertando centros de FP como el Sopeña o el ADA en Sevilla, mientras mantiene anquilosada la oferta de plazas públicas y somete a un drástico recorte a la Formación Profesional a distancia. Este último movimiento ha provocado un enorme malestar en la comunidad educativa y protestas en varias provincias andaluzas. Según denuncia USTEA, la política de la Junta se basa en la aplicación implacable de un plan de privatización de la FP, al igual que ocurre con los estudios universitarios, lo que pone en grave riesgo la formación y el futuro de la juventud andaluza.

USTEA advierte de que seguirá denunciando estos “atropellos” a la Educación Pública y luchando por el aumento de las plantillas en todas las enseñanzas, para revertir los recortes de los últimos años.


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